Debido a la disponibilidad gradual de dosis de vacunas contra la covid-19, el Gobierno nacional estableció el orden de prioridad de los grupos de población a vacunar en cada una de las etapas establecidas. Así lo fijó la Casa Rosada en Plan Estratégico Vacunación.

Para ello consideró un marco bioético fundado en los principios de igualdad y dignidad de derechos, equidad, beneficio social y reciprocidad. A fin de constituir la priorización de las poblaciones a vacunar en las distintas etapas se contemplan también criterios establecidos en función del riesgo de desarrollar la enfermedad grave y complicaciones por covid-19, la probabilidad de una mayor exposición al virus, la necesidad de mitigar el impacto del virus en la realización de actividades socioeconómicas y la posibilidad de incidir en la cadena de transmisión.

La provisión inicial de las primeras vacunas contra la covid-19 será en cantidad limitada, dado que la demanda responde a las necesidades a nivel mundial. La producción se irá incrementando de forma progresiva, lo que permitirá contar paulatinamente con una mayor disponibilidad.

La Argentina, al igual que otros países del mundo, implementará desde mañana una estrategia de vacunación escalonada y en etapas, en la que se irán incorporando distintos grupos de la población definidos como población objetivo en forma simultánea y/o sucesiva, sujeta al suministro de vacunas y priorizando las condiciones definidas de riesgo.

La población objetivo para las campañas de vacunación se define por criterios epidemiológicos, y su implementación se organiza de acuerdo a diferentes aspectos: logísticos; disponibilidad de los insumos y recursos; entre otros componentes. Adicionalmente se deben considerar criterios epidemiológicos tales como: carga de enfermedad; tasa de mortalidad por grupos de edad; tasa de incidencia de la enfermedad por sitio geográfico y, como ya se estableció, una variable fundamental dada por la disponibilidad de dosis.

De acuerdo al riesgo por exposición y función estratégica se vacunará al personal de salud (escalonamiento en función de la Fuerzas armadas, de seguridad y personal de servicios penitenciarios; personal docente y no docente (inicial, primaria y secundaria) y otras poblaciones estratégicas definidas por las jurisdicciones y la disponibilidad de dosis.

Por riesgo de enfermedad grave se tendrá en cuenta a adultos de 70 años y más; personas mayores residentes en hogares de larga estancia; adultos de 60 a 69 años; a adultos 18 a 59 años de grupos en riesgo. Y teniendo en cuenta los criterios de vulnerabilidad: barrios populares, personas en situación de calle, pueblos originarios, personas privadas de libertad, migrantes y docentes universitarios.

De esta manera, se estima que en el país hay 763.000 trabajadores sanitarios; 7,2 millones de adultos mayores de 60 años; 500.000 personas en fuerzas de seguridad nacional y provincial; 5,6 millones de personas con factores de riesgo de entre 18 y 59 años; y 1,3 millón de personal docente y no docente. Así, el informe arroja que el país necesita 54,4 millones de dosis para proteger a entre 23 y 24 millones de personas de los grupos de prioridad.